Los juegos de Yucatán

Las elecciones en Yucatán han despertado gran interés. Son las primeras elecciones que el ejecutivo federal experimenta y también las primeras de la nueva dirigencia nacional del PRI. Ambos actores, están jugando juegos de, por lo menos, dos niveles y enviando señales a audiencias distintas. Por su parte, el gobierno de Calderón tiene que buscar la estrategia que le permita competir seriamente en Yucatán para informar a su público, en el partido, que está comprometido con éste y no lo usara, al partido ni a sus militantes, como ficha de cambio en negociaciones con el PRI, esto para mantener fuertes sus expectativas de lograr controlar el partido. Al mismo tiempo, Calderón debe enviar señales al PRI de que buscará mantener la equidad y transparencia de la contienda electoral en Yucatán para reducir la posibilidad de encontrarse con un escenario adverso en el Congreso al momento de negociar la reforma fiscal.

El PRI, por su parte, debe enviar señales a sus militantes de que es, a pesar de los resultados electorales de 2006, un partido capaz de competir seriamente por posiciones de elección popular. Debe también, comunicar que su nueva dirigencia es capaz de unificar al partido y explotar sus fortalezas; en este mismo tenor, y como oposición, el PRI debe ser capaz de demostrar que además de su capacidad de veto (de facto) en el Congreso, tiene otras herramientas para defender sus intereses ante las preferencias del ejecutivo, hasta ahora el PRI ha utilizado su poder de veto como un mecanismo para limitar la intervención del ejecutivo federal en las elecciones en Yucatán. Sin embargo, también ha utilizado su poder de convocatoria y amagado con la posibilidad, nunca declarada, de un conflicto post-electoral. Si bien el PRI no ha declarado que se opondrá a una derrota electoral usando cualquier medio a su disposición, el clima de polarización, duda y suspicacia que se ha generado, aunado a la capacidad de convocatoria del revolucionario institucional le hacen parecer una fiera que muestra los músculos y dientes para advertir su capacidad de hacer daño.

Las siguientes páginas exponen las condiciones en las que ambos actores, el Ejecutivo Federal y el PRI juegan sus respectivos juegos. A través de la presentación de los intereses de los actores y los posibles costos de sus acciones se argumentará: 1) que la hipótesis de una “concertasesión” entre el PRI y el PAN es poco probable, 2) que a ambos actores les conviene tener una elección cerrada, 3) que a diferencia del PRI el gobierno federal tiene incentivos para reconocer la victoria de su contrincante inmediatamente, 4) que aunque el PRI puede amagar con iniciar un conflicto post-electoral ante una eventual derrota, enfrenta desincentivos que podrían prevenir que tomara esta posición y por último 5) se argumentará que el PRI tiene mucho que perder si hace efectiva su amenaza de vincular la victoria/derrota en Yucatán con la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso.


El juego interno del PAN y Yucatán.

Las elecciones en Yucatán se perfilan como la primera gran prueba para Calderón. Por una parte, están aquellos que advierten, en estos comicios, la posibilidad de que el gobierno de Calderón se vea fortalecido en el triunfo; un triunfo en Yucatán podrá ganar puntos para Calderón en la disputa interna por el partido, frente a Manuel Espino. Apoyando a su candidato en Yucatán, y ganando las elecciones la administración Calderón podría enviar señales a sus militantes y aspirantes a cargos de elección popular de que sus intereses son los mismos que los del gobierno federal y que encontrarán apoyo y respaldo por parte de ésta; así la administración ganaría puntos en sus esfuerzos por asegurar el control del partido.

Las preocupaciones del PRI

Por otra parte, están aquellos que ven e Yucatán el peligro de que el gobierno federal no guarde la mesura mínima requerida, para propiciar condiciones mínimas de equidad en la contienda electoral. El PRI ha alegado que las elecciones en Yucatán son elecciones de estado; que el ejecutivo federal y el estatal se han entrometido en el proceso para favorecer, algunas veces con recursos públicos, a Xavier Abreu. Ante estos alegatos, el gobierno ha negado las acusaciones; he incluso ha suspendido la entrega de apoyos federales en la entidad— para ‘evitar’ la posibilidad de que estos puedan ser usados para condicionar el voto del electorado. Lo anterior sucedió a petición expresa del PRI.

El juego PRI-PAN, la improbable “consetrasesión”

Algunos priistas han advertido al gobierno federal que la intervención de los gobiernos estatal y federal en el proceso y una eventual derrota del PRI en Yucatán podrían dañar la relación PRI-PAN en el congreso federal y dificultar la aprobación de la reforma fiscal. El PRI ve en Yucatán la oportunidad de consolidar su nueva dirigencia y enviar señales de que, a pesar del fatídico 2006, el partido aún puede competir y ganar elecciones. También envía señales sobre una apertura hacia los sectores jóvenes del revolucionario institucional y una renovada unidad partidista.

Ante las amenazas priistas de dificultar la negociación de la reforma fiscal, hay quienes han señalado la intención de Calderón por entregar el Estado o pactar la derrota del candidato del PAN. Sin embargo, estas especulaciones parecen infundadas. La hipótesis de quid pro quo entre la gubernatura de Yucatán y la reforma fiscal se torna endeble a la luz de los costos que la “consetrasesión” podría generar para el PRI y el gobierno federal. Por un lado, el gobierno federal perdería la oportunidad de consolidarse como una alternativa a la estructura partidista para sus militantes y aspirantes a cargos de elección popular y, podría acarrearle costos serios en el proceso de renovación del a dirigencia del PAN. En términos de opinión pública y política nacionales, el gobierno federal quedaría como una administración cooptada y susceptible de ser chantajeada por el poder de veto (de facto) que tiene el PRI en el congreso.

Para el PRI, la “consetrasesión” podría entregarles Yucatán pero sin lograr transmitir los mensajes de renovación y unidad que pretende; no lograrían enviar una muestra de fortaleza electoral ni a su militancia ni al gobierno federal. También se podrían generar costos relacionados con la percepción de un partido que no ha evolucionado, y ante la posibilidad de una derrota electoral no tiene más que recurrir a prácticas poco democráticas. Además de los posibles costos generados por una supuesta negociación de este tipo, lo cerrado de la contienda sugiere que, en efecto, el acuerdo no existe. Si en los hechos Calderón hubiera considerado que Yucatán podía ser ficha de cambio para perseguir una reforma fiscal y, en consecuencia hubiera tomado medidas para asegurar la derrota de Xavier Abreu y el triunfo del PRI: ¿ no deberíamos estar observando unas elecciones menos competidas que sellaran el trato entre Calderón y el PRI?

La pregunta obligada entonces es: ¿por qué amenaza el PRI con dificultar la aprobación de la reforma fiscal? Hay que poner las demandas del PRI en su justa dimensión. El PRI, en efecto está usando la reforma como ficha de cambio, pero la demanda es que el ejecutivo no se entrometa y que esto garantice una contienda lo más justa posible. A estas demandas, el ejecutivo ha respondido con la suspensión de apoyos federales y, en este sentido la amenaza del PRI parece haber conseguido uno de sus objetivos.

¿Conflicto Post-Electoral?

El ambiente preelectoral y de campañas ha propiciado que se generen serias dudas sobre la equidad y transparencia del proceso. Ha sido el PRI, y en alguna medida el resto del a oposición, los que se han encargado de generar desconfianza sobre el proceso electoral. Lo anterior le sirve al PRI para presionar al gobierno federal a sacar las manos de la elección y para acumular capital político y amagar con la posibilidad de un conflicto post-electoral; de ahí la declaración de Calderón que decía que una victoria de medio punto porcentual en Yucatán no le convenía al PAN. El ambiente de duda y suspicacia le sirve al PRI como un seguro que, en el caso de una victoria cerrada obligaría al PAN a aceptar el resultado de la elección y en caso de una derrota podría comprarle concesiones en el congreso u otras elecciones por venir, por lo menos podrían acotar, moderar, la intervención del gobierno federal en otras elecciones locales por ocurrir este año.

Mientras que la amenaza de conflicto post-electoral puede ser efectiva, el conflicto de hecho, orquestado por el PRI, podría generar costos altísimos para el tricolor. Recordemos que, su posición de ventaja en el congreso y hacia los electores, no es sólo producto de la aritmética parlamentaria, si no de su posición moderada frente al conflicto post-electoral de 2 de julio de 2006. El tránsito hacia una posición beligerante y menos moderada revelaría serias inconsistencias ante la opinión pública. Sería evidente que, la moderación del PRI tiene un carácter ad hoc y no tienen empacho en probar los límites de la institucionalidad y gobernabilidad democráticas, tal como lo hicieran Andrés Manuel López Obrador y el PRD. Además, el PRI pude haber aprendido ya de la experiencia de AMLO, donde la confrontación con las instituciones mermó seriamente la imagen y respaldo de que gozaba el perredista, sobre todo de los votantes medianos (más moderados por definición y los que suelen definir las elecciones).

Más sobre moderación y contra la “consetrasesión”
La posición del PRI dentro del congreso y el apoyo a las reformas estructurales (reforma fiscal) responden también a una lógica de moderación que intenta enviar señales: de trabajo, consenso y negociación que podrían generar mejores condiciones electorales para el PRI a nivel federal en las elecciones intermedias de 2009. Renunciar a cooperar con el gobierno federal, podría enviar señales de que el partido se ha alejado de su posición moderada y que ha adoptado una postura radical de no cooperación. El gobierno federal podría, fácilmente, pasarle los costos políticos de no cooperar en la aprobación de las reformas ‘necesarias y urgentes’ y orquestar una campaña fuerte de voto útil en la que llamen a electorado, con preferencias moderadas, a otorgarle una mayoría en el congreso que pueda hacerle prescindir de su alianza con el PRI. Con los índices de aprobación de Calderón a la alza, y su cautela política, es posible pensar que un PRI que decida no cooperar en los temas trascendentes para la administración federal podría ver sus oportunidades electorales mermadas para 2009. Podríamos decir que el poder de veto del PRI le es más redituable como un control sobre el ejecutivo a través del cual puede oponerse a legislación poco relevante, para mantener su imagen de oposición y postura crítica. Sin embargo, en los asuntos sustantivos de la agenda legislativa del ejecutivo federal, utilizar el poder de veto del PRI significaría enfrentar fuertes costos de audiencia.

Conclusiones

Calderón está jugando un juego de dos niveles, en Acción Nacional y a nivel nacional con el PRI. Su apuesta es ganar lo más posible, entregando lo menos posible—maximizar la ganancias y reducir los costos. Por esta razón la “consertasesión” es improbable; esta acarrearía muchos costos. Una elección competida le permitiría mantener la confianza de los militantes del partido y aspirantes a cargos de elección popular—ofrecería certidumbre sobre el apoyo del ejecutivo, por lo menos podrían estar seguros que no se les utilizará como fichas de cambio para perseguir los intereses del gobierno federal. Por otra parte, en el contexto de una elección cerrada, Calderón le ofrece al PRI condiciones mínimas de equidad en la contienda (no sin antes haber intervenido hasta donde le fue posible), esto podría permitirle a Calderón reducir la posibilidad de un veto a la reforma fiscal (poco probable pero no imposible) por parte del PRI. Esto le permitiría también al gobierno federal aparecer como una administración que no se deja chantajear, que responde a su partido y ‘respeta’ el orden democrático institucional.
El PRI está jugando un juego menos complejo, pero también de dos niveles. Habiendo logrado unificar fuerzas en Yucatán, la victoria, aún siendo por un margen pequeño, le ayudaría a capitalizar la posibilidad de presentarse como un partido renovado. En caso de una derrota, aunque las amenazas de no negociar en el congreso y de conflicto post-electoral han sido efectivas en influenciar el comportamiento del ejecutivo federal, una posición intransigente podría dar al traste con las posibles ganancias aún en la derrota. Aún derrotado, el PRI estaría enviando señales de su capacidad de competir a su partido, militantes y el gobierno federal. También estaría mostrando que su estrategia y nueva dirigencia han funcionado y que se pueden esperar serias batallas electorales en las que puede resultar victorioso. Sin embargo si el PRI se radicaliza, o no logra controlar a sus miembros con preferencias radicales en el Estado, estaría comunicando que el partido no ha evolucionado, que sigue siendo tan mezquino como siempre y que es un PRD en potencia. El juego de amenazas, sin embargo, parece asegurar que, en caso de una victoria cerrada del PRI, el ejecutivo y el PAN concederán la victoria sin chistar. Sabemos bien que en caso de que le PRI sea derrotado, a éste